Un fenómeno cada vez más latente en la ciudad es el crecimiento estructural de las mal llamadas ventas informales. Cabe señalar que este fenómeno no es una manifestación de falta de cultura ciudadana, ni mucho menos un acto criminal, como ha intentado exponer el secretario de gobierno, Gustavo Quintero, sino la expresión local del Ejército Industrial de Reserva (EIR) estancado y su creciente aglomeración a lo largo y ancho de Bogotá.
Marx define el EIR en tres capas: flotante (desplazados por mecanización y ciclos de acumulación), latente (mujeres en el hogar, campesinos expulsados) y estancado (marginados, desalentados, con habilidades obsoletas). El capitalismo produce esta población excedente como un mecanismo de presión sobre los trabajadores en activo, mecanismo que, en el crítico contexto del capitalismo colombiano, se agudiza de manera particular.
He aquí la situación de esta población excedente que el capitalismo produce y reproduce en Bogotá. No hablamos de los que tienen un empleo formal, aunque precario, sino de esos miles que vagan por las calles, que se levantan antes del alba para caminar kilómetros desde Soacha, Bosa o Ciudad Bolívar hasta el centro, cargando en sus espaldas mercancías que no les pertenecen, buscando en cada esquina un cliente que les compre una fracción del día.
El aumento del 114% de vendedores informales en Bogotá en el período posterior a la pandemia (OBSERVATORIO SOCIO TERRITORIAL BOGOTÁ-SABANA, 2025) no es un hecho coyuntural, sino la materialización del EIR estancado en una economía tercerizada que no puede absorberlos. A partir de allí, la situación se ha vuelto crítica. Según el IPES, el año pasado la entidad había caracterizado cerca de 89 mil trabajadores en esta condición. Solo en el primer trimestre del año en curso se han caracterizado 19 mil, de los cuales el 50% son vulnerables. Sin embargo, estimaciones anteriores y reportes del Concejo han sugerido cifras superiores, situando la informalidad en el espacio público entre 100.000 y 170.000 personas en la capital (La República, 2025).
No es suficiente señalar que la administración distrital no ha asumido la tarea de visibilizar la situación del empleo y la precariedad de las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad, ni mucho menos la de proponer salidas consistentes. Su posición se ha orientado, en cambio, a ocultar esta realidad y a reconducir la cuestión hacia el terreno de la convivencia y la seguridad ciudadana.
Esto se hace palpable en la reciente reforma al Decreto Distrital 642 de 2025[1] (Decreto 117 de 2026), donde se deja claro que la administración de Galán opera bajo la misma lógica del higienismo burgués del siglo XIX: presentar la «recuperación del espacio público» como una necesidad técnica y sanitaria, ocultando el creciente problema de desempleo. De este modo, se construye un instrumento de disciplinamiento de la clase trabajadora sobrante, que ya no puede ni siquiera sobrevivir en las calles de la capital.
Se debe tener encuentas, que las ventas informales en Bogotá no constituyen un «sector informal» aislado, como sugiere el progresismo al romantizar esta dramática situación desde la lógica de la economía popular, evitando así construir una salida adecuada. Por el contrario, estas ventas en el espacio público expresan la intersección entre el EIR estancado y la Producción Mercantil Simple (PMS) —una forma precapitalista y de subsistencia— cuya persistencia resulta estructural al capitalismo contemporáneo.
El día a día del proletariado sobrante se caracteriza por vivir en cuartos de inquilinato, en los cerros del sur, en invasiones sin acueducto ni alcantarillado, donde el frío cala los huesos y la humedad pudre las pocas pertenencias. Sus hijos crecen viendo a sus padres salir sin destino fijo, sin horario, sin salario, sin seguridad social. Cuando enferman, no tienen médico; cuando envejecen, no tienen pensión; cuando el espacio público les es «recuperado», no tienen adónde ir. De este modo, los bienes de bajo precio que ofrecen los trabajadores del espacio público son consumidos por otros trabajadores, lo que permite la reproducción social de los sectores más precarizados y abarata el costo de la fuerza de trabajo.
Por lo tanto, resulta incomprensible que, a pesar de ser una condición socialmente necesaria para la reproducción del capital, su regulación estricta y prohibitiva modifique el tono y el trato con el que se manejaba a la población sobrante, pasando de la asimilación a la criminalización. Así, la normativa vigente somete a esta población a una mayor regulación, confinamiento y a un enredo burocrático que no le ofrece la salida que su situación requiere.
Por ejemplo, el nuevo decreto crea las «Zonas de Manejo Especial» (art. 479) a cargo de la Secretaría de Seguridad, no del IPES, institucionalizando así la segregación social y espacial bajo el ropaje de la seguridad ciudadana (Alcaldía de Bogotá, 2026). Asimismo, reduce a su mínima expresión la «oferta institucional» (art. 486.2). Esto revela la naturaleza no garantista del decreto: no existe una política de transición, sino un mero formalismo para justificar el desalojo masivo. Lo anterior contraviene lo dispuesto por la Corte Constitucional en las Sentencias T-090 de 2020 y T-083 de 2024, que exigen alternativas reales y una evaluación caso por caso. Ofrecer alternativas «por una sola vez» durante la socialización es un simulacro que desconoce la vulnerabilidad estructural de estos trabajadores.
A su vez, el registro en el IPES (art. 482) se convierte en una trampa burocrática: explícitamente «no constituye autorización» ni «derecho adquirido», por lo que estar registrado no protege contra el desalojo. El registro tiene fines de control estadístico, no de garantía de derechos. Esta disposición desarma el principio de confianza legítima, consagrado en la Sentencia T-083 de 2024. Si un vendedor se registra de buena fe, el decreto le advierte que ello no le otorga ningún derecho.
En fin, el Decreto 117 de 2026 agota el enfoque de «incorporación regulada» (Acuerdo 812 de 2021, CONPES DC 32 de 2023) y consolida un modelo de «gestión policiva de la pobreza», que no elimina la sobrepoblación relativa, solo la desplaza hacia la inactividad, donde seguirá siendo funcional al capital como ejército de reserva sobrante.
Heredero de la vieja cuestión higienista de la burguesía, el Decreto 117 de 2026 enfrenta la realidad de que, en el pasado, la ciudad no pudo impactar al 94% de los vendedores, quienes nunca recibieron ninguna ayuda ni servicios del IPES. Ante la imposibilidad de resolver estructuralmente esta condición, se opta por la solución políticamente más barata: la represión disfrazada de seguridad y orden público, la multa y el decomiso para generar ingresos al Distrito. Es decir, barrer el polvo debajo de la alfombra.
El enfoque burgués contenido en el decreto fetichiza las necesidades del ornato público y la seguridad ciudadana, elevándose a un falso interés general, mientras subordina y sacrifica el derecho al trabajo de la población sobrante, convertida ahora en un obstáculo a despejar antes que en un sujeto de derechos. De este modo, la fachada de una ciudad «ordenada» y «segura» se construye sobre la exclusión sistemática de quienes, al no encontrar cabida en el mercado laboral formal, intentan sobrevivir en sus calles.
Son los desechados de una economía que los necesita para presionar los salarios a la baja, pero que los desprecia cuando intentan sobrevivir. Y mientras tanto, las autoridades hablan de «cultura ciudadana» y «zonas de manejo especial», como si el problema fuera la mugre o el desorden, y no la miseria estructural que empuja a estos trabajadores a venderse por unas monedas en los andenes.
Una salida real requiere construir una propuesta más allá de las fracasadas medidas de asimilación y transición que se formularon hace tres décadas en la ciudad. Alternativas de formalización como la reubicación en 31 puntos comerciales y en las 18 Plazas Distritales de Mercado que propone el IPES se quedan cortas, frente a una demanda de aproximadamente 170.000 trabajadores; el déficit supera el 100% con respecto a la capacidad instalada actual. Asimismo, el mobiliario semiestacionario y los quioscos, presentados como una herramienta para avanzar en procesos de reubicación,no constituyen una salida consistente. Para atender siquiera una fracción de la demanda, se necesitarán más de 60.000 quioscos, un objetivo irreal y faraónico de llevar a cabo.
La Ruta de atención integral, que aborda factores estructurales de vulnerabilidad a través de educación flexible, formación para el trabajo y acompañamiento psicosocial, no genera alternativas sostenibles. Más allá de la intervención blanda, se trata de instituciones que le hacen «terapia al desempleo», pero no ofrecen oportunidades reales que incorporen esta fuerza de trabajo al circuito productivo. Por su parte, el fortalecimiento de la empleabilidad y el emprendimiento, articulado con el SENA y la Secretaría de Desarrollo Económico para facilitar la transición hacia la formalidad, se diluye en largas listas de espera y en salidas individuales que romantizan el emprendedurismo (IPES, 2026).
Se ven por la ciudad, hombres y mujeres de todas las edades, niños ayudando a sus madres en los semáforos, ancianos vendiendo dulces en los portales de Transmilenio. Se ven sus rostros demacrados, sus manos agrietadas por el frío y el trabajo, sus ojos perdidos en la indiferencia de los transeúntes. Y se comprende que bajo el brillo de los centros comerciales y el lujo de las calles del norte, duerme una ciudad sumergida, un ejército silencioso de trabajadores desechables, condenados a sobrevivir en los intersticios de un sistema que los produce para luego negarlos.
Desde Asotravid, hemos respondido a la crítica situación promoviendo formas de asociatividad para el EIR estancado. Hemos constituido asociaciones por oficio y actividad con el fin de superar los niveles de fragmentación y la competencia descarnada que impera en la calle y el andén. Promovemos mecanismos de integración que mejoren los ingresos de los trabajadores y canalizamos oferta de bienestar social para la comunidad. Sin embargo, es necesario reconocer que estas son medidas contingentes. No sustituyen ni agotan la exigencia fundamental: la verdadera solución se halla en la construcción de una salida proletaria a la crisis.
Esto conlleva la consolidación de una economía de fondos públicos para la generación de empleo socialmente sostenible, fortalecer la inversión en ciencias y tecnología para cualificar la fuerza de trabajo, y superar el precario estado de la estructura productiva del país y la ciudad, a partir de la planificación de la economía y la ruptura con la lógica de acumulación de capital que reproduce el Ejército Industrial de Reserva como condición estructural del sistema.
Referencias:
- [1] El Decreto 642 de 2025 es un «Decreto Único» que compila, depura y unifica todas las normas del Sector Gobierno de Bogotá;El decreto que modifica y reemplaza las disposiciones sobre vendedores informales contenidas en el Decreto 642 (específicamente el Título 4 sobre espacio público) es, en realidad, el Decreto 117 de 2026.
- Alcaldia de Bogotá. (2026, April 14). Decreto 117 de 2026 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Retrieved April 25, 2026, from https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=192900&dt=S#
- IPES. (2026, April 21). Más de 10.000 vendedores informales en Bogotá vive en vulnerabilidad: Alcaldía Galán lanza ruta hacia la formalidad. IPES. Retrieved April 25, 2026, from https://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/mas-de-10-000-vendedores-informales-en-bogota-vive-en-vulnerabilidad-alcaldia-galan-lanza-ruta-hacia-la-formalidad/2019
- La Republica. (2025, Abril 8). Actualmente contamos con 89.000 vendedores caracterizados en la capital del país. larepublica.co. Retrieved abril 25, 2026, from https://www.larepublica.co/economia/wilfredo-grajales-rosas-director-del-ipes-hablo-sobre-cuantos-vendedores-ambulantes-hay-en-bogota-4104560
- OBSERVATORIO SOCIO TERRITORIAL BOGOTÁ-SABANA. (2025, Abril 30). Crisis económica y ventas informales en Bogotá: entre la precarización laboral y la persecución estatal. https://www.observatoriosocioterritorial.org/post/crisis-econ%C3%B3mica-y-ventas-informales-en-bogot%C3%A1-entre-la-precarizaci%C3%B3n-laboral-y-la-persecuci%C3%B3n-esta?fbclid=IwY2xjawRTJ8tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe1MgjsEK5s
